La Comisión Europea (CE) impuso a Google una sanción de 2.424 millones de euros, la mayor multa de su historia a una compañía por abuso de posición dominante, por conceder ventajas “ilegales” a su propio servicio de comparación de compras cuando los internautas utilizan el motor de búsquedas.

“¿Por qué Google no puede hacer lo que quiera, si es su página y su servicio, por qué no puede simplemente combinarlos?”, se preguntó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa para comunicar la decisión del Ejecutivo de la UE.

Vestager zanjó que “lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la UE”, ya que negó a otras empresas la oportunidad de “competir sobre sus méritos y la innovación” y, a los consumidores europeos, una mayor oferta de servicios.

La Comisión cierra así una investigación de casi siete años que abrió en noviembre de 2010 para esclarecer si Google vulneraba la libre competencia al conceder preferencias a su servicio de comparación de compras.

El dossier, que el antecesor de Vestager, el español Joaquín Almunia, intentó cerrar con un acuerdo de compromisos, tomó un tono más duro con la llegada de la política danesa a finales de 2014.

Vestager recordó que la posición dominante de una empresa no es ilegal en sí misma, pero dejó claro que ésta tiene la “especial responsabilidad” de no abusar de ese dominio.

La CE concluyó que la compañía ha dado un lugar prominente a su propio servicio de comparación de compras, de manera que cuando un consumidor hace una búsqueda en Google con la que el servicio de compras quiere mostrar resultados, éstos aparecen cercanos a los resultados de la búsqueda.

Además, según la Comisión, Google “degradó” los servicios de comparación de competidores en sus propios resultados de búsquedas.

De ese modo, los servicios de comparación de compras rivales aparecían en los resultados de búsqueda de Google en función de algoritmos genéricos de búsqueda del gigante informático, en los que incluyó criterios que degradaban los servicios ajenos.

“Las pruebas muestran que incluso los rivales mejor posicionados aparecían, de media, sólo en la página cuatro de los servicios de búsqueda de Google, y otros incluso más abajo”, indicó la CE.

“Revisaremos la decisión de la Comisión en detalle mientras consideramos una apelación, y esperamos continuar defendiendo nuestro caso”, declaró por su parte el vicepresidente y asesor legal general de Google, Kent Walker.

Defendió que cuando los consumidores compran en línea, quieren encontrar los productos que buscan “rápida y fácilmente”, y los anunciantes quieren a su vez “promover los mismos productos”.

Google recalcó además que “miles de comerciantes europeos” utilizan sus anuncios “para competir con compañías más grandes, como Amazon o eBay”.

La multa se ha calculado según el valor de los ingresos de Google obtenidos de su servicio de comparación de compras en los trece países del Espacio Económico Europeo, entre ellos España, donde la empresa introdujo estas prácticas.

La CE exige ahora a la compañía poner fin a su conducta en 90 días, o de lo contrario deberá abonar pagos de penalización de hasta el 5 % de los ingresos diarios medios mundiales de la matriz de Google, Alphabet.

Sobre los remedios que deberá poner en marcha Google para cumplir la decisión, Vestager dijo que aún “no se han discutido en detalle” y que es “importante” que la empresa haga propuestas.

La Comisión mantiene abiertas otras investigaciones sobre el sistema operativo móvil Android de Google, así como sobre la herramienta AdSense, con la que sospecha que restringe que sitios web de terceros muestren anuncios de búsqueda de competidores.

Vestager indicó asimismo que la CE sigue evaluando otros servicios verticales de Google, como los que ofrecen imágenes, búsquedas locales, mapas o viajes.

“Esta decisión cambia las reglas del juego. La CE ha confirmado que los consumidores no ven lo que es más relevante para ellos en el motor de búsqueda más utilizado del mundo, sino lo que es mejor para Google”, consideró la directora general de la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), Monique Goyens.

Fuente: efe

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