El hecho fue detectado por la Contraloría General durante una acción de control para verificar el procedimiento de otorgamiento de tierras erizas para el desarrollo de la pequeña agricultura, y si el precio fijado para tales terrenos se realizó de acuerdo a las regulaciones técnicas y legales, durante la administración regional en el periodo setiembre 2011-setiembre 2013.

De acuerdo a la auditoría, los funcionarios habrían pactado con tres miembros de una familia la compra-venta ilegal de las cerca de 36 mil hectáreas, ubicadas en la localidad de Quebrada Seca, bajo la “componenda” de que se ejecutaría un proyecto productivo de crianza de ganado caprino, lo que no se cumplió.

El precio pagado fue la suma de S/. 2 500. Según informes técnicos de tasación oficial, el valor comercial de dichos terrenos asciende a más de S/. 21 millones, que es el monto de la defraudación patrimonial ocasionada al Estado por la venta ilegal.

El hecho que denota que el interés en los terrenos fue solo el tráfico comercial, es que posteriormente a la compra, se vendió al padre de los miembros de esta familia los predios adjudicados a un precio mayor al que pagaron, desnaturalizando el objetivo de promover la actividad agrícola y económica en beneficio de los pequeños agricultores.

Los hechos evidencian la existencia de indicios razonables del delito de colusión simple y agravada, tipificado en el Código Penal, por lo que la Procuraduría Pública del Organismo Superior de Control iniciará las acciones legales contra los presuntos responsables.

Como se recuerda, a solicitud de la Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) congeló en el mes de abril de este año las cuentas bancarias de la Dirección Regional de Agricultura-Tumbes.

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