La Procuraduría Anticorrupción pidió que los marinos y civiles implicados en la interceptación telefónica, del caso Business Track, paguen de forma solidaria la suma de 1 millón de soles como reparación civil.

El pedido de la defensa legal del Estado peruano se planteó a la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel, que sigue el caso BTR, por la violación de correspondencia.

El representante de la procuraduría, alegó que el Estado se vio agraviado, ya que los marinos y civiles detectaron los actos ilícitos y no pusieron en conocimiento a las autoridades correspondientes. El próximo miércoles se continuará con el juicio oral sobre el proceso.