De los casos, 170 se encuentran activos y 46 en estado latente, precisó la Defensoría, tras indicar que Áncash, con 27 casos; Apurímac, con 23; y Puno, con 18, son las regiones que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales.

Cuatro conflictos fueron retirados del reporte por no haber registrado acción de las partes durante los últimos meses.

El reporte refiere también que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos con 139 casos, y que la minería es la actividad más vinculada a la conflictividad con el 48% del total de casos registrados.

Sobre los conflictos relacionados a la minería informal, la Defensoría considera que es necesario continuar con las acciones de interdicción de la minería ilegal y que los gobiernos regionales deben liderar dicho proceso este año.

Respecto a los conflictos nuevos, se reportó uno de orden laboral en Huánuco, donde los trabajadores de la compañía minera Raura S.A. exigen la reposición de los trabajadores despedidos y mejorares condiciones laborales.

En cuanto a los casos resueltos, el primero fue el de trabajadores mineros de la empresa Buenaventura S.A.A. que exigían mejoras en las condiciones laborales y desde el 7 de diciembre reiniciaron sus labores.

El segundo fue de tipo socioambiental en la comunidad campesina de Chavín, en la cual se exigía a la empresa minera Milpo S.A.A.A. por el incumplimiento de acuerdos suscritos y la necesidad de establecer un nuevo convenio.

Al cierre de 2013, los conflictos sociales por asuntos de gobierno local continúan siendo el segundo más frecuente con 23 conflictos en 12 regiones, seguido de los conflictos por demarcación territorial con 15, que involucran a 15 regiones.

Fuente: Agencia Andina

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