El Comando del Ejército dispuso la adquisición de mil chalecos capaces de proteger a los efectivos que luchan contra los terroristas del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), pero al final se compraron otros que no sirven para el propósito original.

En el 2010 el comandante general del Ejército, general de división Otto Guibovich, ordenó la compra de chalecos antibala tipo 4, capaces de resistir el impacto de los proyectiles 7,62 y las esquirlas y metralla de las minas antipersonales.

Guibovich encargó de la operación al jefe de la 18ª Brigada Blindada, general Richard Pitot Guzmán, pero el problema fue cuando Pitot “decidió hacer la compra personalmente”, en lugar de convocar a licitación o a concurso internacional.

Según informó diario La República, este buscó a distintas compañías vendedoras e identificó a algunas que surtían de chalecos antibalas a tropas estadounidenses en Afganistán e Irak. Así llegó a contactar a la norteamericana Point Blank Solutions, con oficina principal en Pompano Beach, Florida.

En agosto del 2010, el general Richard Pitot y el representante de Point Blank Solutions el mismo día suscribieron un acuerdo de promesa mediante el cual el Ejército se comprometía a comprar un total de 6 mil chalecos antibalas y, como gesto de compromiso, adquiría primero 1,000 unidades de la clase 3A.

En contraparte, Point Blank Solutions aseguraba suministrar capacitación y entrenamiento a los militares peruanos para que confeccionaran en su país los chalecos 3A y con las placas que les venderían, convertirlos a tipo 4.

Entonces aceptaron y se firmó el convenio. Se compraron los mil chalecos 3A con la finalidad de convertirlos posteriormente en clase 4. Los otros 5 mil chalecos se iban a confeccionar en el CEPRO con la tecnología de Point Blank Solutions. Pero todo quedó trunco por falta de presupuesto del Comando Conjunto.

Fuentes de la 18ª Brigada Blindada del Ejército consideran que la figura del acuerdo entre Point Blank y el Ejército fue usada por los militares con el fin de evadir la licitación.

“No existió un requerimiento previo del VRAE donde se señale que la compra de los chalecos era una necesidad. La pregunta es por qué se compraron para el VRAE equipos que no sirven para el combate en esa zona. Allí no se necesita chalecos tipo 3A ni 4, pues estos son para puestos de vigilancia, no para patrullar. Pareciera que el acuerdo fue solo para evadir la licitación”, señalaron dichas fuentes cercanas a Pilot a diario La República.

Debido al escándalo o por la compra de los chalecos antibalas, en los próximos días una delegación de la empresa americana Point Blank Solutions INC arribará a Perú para aclarar las condiciones en que se realizó el contrato.

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