El Tribunal Supremo de rechazó hoy estudiar el recurso contra una ley de Arkansas que obligaría a cerrar dos de las tres clínicas abortistas que tiene actualmente el estado.

La norma, de 2015, restringe la práctica del aborto con fármacos (no quirúrgico) durante las primeras nueve semanas de embarazo para los médicos que no operan en centros con los mismos estándares que los ambulatorios quirúrgicos.

Dos de las tres clínicas abortistas todavía abiertas en Arkansas practican el procedimiento con fármacos, por lo que la ley forzaría su cierre, según los demandantes liderados por Planned Parenthood, la mayor organización de planificación familiar de EE.UU.

En su decisión de hoy, el Supremo rechazó estudiar el caso sin que ninguno de los cuatro jueces progresistas de los nueve que integran el tribunal mostrara su opinión contraria.

Tras su promulgación en 2015, la jueza federal Kristine G. Baker suspendió temporalmente la ley por perjudicar a las mujeres y dijo que los médicos que practican el aborto en Arkansas “corren riesgo de ser excluidos de sus comunidades y afrontan un hostigamiento y violencia contra ellos, sus familias y sus instalaciones privadas”.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Octavo de EE.UU. volvió a ponerla en pie alegando que Baker no había especificado a cuántas mujeres afectaba negativamente la norma.

La única clínica que quedaría abierta en Arkansas está ubicada en Little Rock, por lo que la ley obligaría a las mujeres a recorrer grandes distancias para recurrir a un procedimiento quirúrgico en vez de uno con medicamentos.

Planned Parenthood defiende que la restrictiva ley de Arkansas es muy parecida a una de Texas que el Supremo tumbó hace dos años.

En esa ocasión, la mayoría de magistrados consideraron que la ley texana “proporciona pocos, si alguno, beneficios a la salud de las mujeres; representa un substancial obstáculo para las mujeres que quieren practicar un aborto y constituye una carga excesiva a su derecho constitucional de hacerlo”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el aborto en 1973 al declarar inconstitucional cualquier interferencia del Gobierno en la decisión de la mujer sobre el embarazo.

No obstante, en los últimos años varios estados han obstaculizado el acceso al aborto al promulgar restricciones amparadas en los derechos religiosos o la salud de las mujeres.

Fuente: EFE