Bogotá (Colombia). El denominado Tribunal Supremo de “en el exilio” inició hoy en Bogotá un juicio contra el presidente de ese país, , por un presunto caso de corrupción relacionado con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

En el comienzo del juicio, que se celebra en el recinto del Congreso de Colombia, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Martín, explicó que la audiencia está promovida por la exfiscal general Luisa Ortega y trata el enjuiciamiento “por supuestos graves que determina la necesidad de un debate conforme a los lineamientos previstos” en el ordenamiento jurídico.

Por ello, buscará “verificar la responsabilidad o no” de Maduro “que ha sido objeto de una acusación formal”.

Asimismo, aseguró que en Venezuela se están produciendo “situaciones que son muy tristes”, puesto que “existe una crisis humanitaria que está generando un gran daño” a la población.

Además, subrayó que “existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general”.

“Ahora se ha presentado un arma letal, que es la desesperanza para bajar las luchas por la democracia y la libertad que está realizando con mucha fortaleza y altura el pueblo de Venezuela”, aseguró Martín.

El presidente del tribunal también consideró que hay “un vacío institucional” en el poder ejecutivo, por lo que llamó a los diputados de la Asamblea a que lo llenen e inicien así “el proceso de transición que permita revocar la estabilidad y el regreso del Estado de Derecho”.

En marzo pasado, el TSJ en el exilio admitió a trámite la demanda de Ortega que vincula a Maduro con delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña y en la que se pidió emitir una orden de captura contra él a través de Interpol.

Un mes más tarde, el tribunal había declarado la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.

Al juicio asisten algunos de los magistrados del TSJ en el exilio pues 13 de ellos están en EE.UU., seis en Chile, cuatro en Colombia y otros cuatro en Panamá.

Con información de EFE.