La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha convocado una huelga nacional para este lunes y martes. A su vez el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) hizo lo propio por 24 horas.

La protesta se da los primeros días del ciclo lectivo 2018 en 17 de las 24 provincias del país y en el marco de la negociación salarial. Además, los gremios se movilizaron al Ministerio de Educación de la Nación conducido por Alejandro Finocchiaro.

El funcionario amenazó con descontar los días en que los maestros no asistan a la escuela y sostuvo que “la mayoría” de las instituciones educativas van a estar abiertas. La referencia es a que otros tres sindicatos nacionales no adhirieron a la medida de fuerza. Se trata de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

La primera reivindicación que impulsan los trabajadores es que el Gobierno “respete la ley de paritaria”, tal como explicó a este medio Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. “El Gobierno derogó por decreto una ley –algo que es ilegal e inconstitucional– que es la de Paritaria Nacional Docente”, detalló la dirigente gremial haciendo referencia a la legislación que “fijaba el piso salarial por debajo del cual no podía estar ningún maestro de la Argentina”.

Este punto resulta particularmente conflictivo ya que al no haber una referencia nacional se genera una desigualdad en función de lo que pueda pagar cada provincia. Tal como recordó la periodista Laura Vales en Página/12, desde el año pasado se dejó de llevar a cabo la negociación donde además se discutía el monto de dos fondos nacionales.

Se trataba del de Compensación –destinado a que las provincias más pobres pudieran pagar ese mínimo– y el de Incentivo Docente (Fonid) –que se reparte de manera igualitaria entre todos los maestros del país, para mejorar sus ingresos–.

Asimismo, esto ha producido que algunas provincias, como Jujuy, ofrezcan un incremento de apenas el 5 % que ni siquiera alcanza la inflación prevista por el propio Gobierno nacional, que es del 15 %. Otras como Corrientes (10 %) y la Ciudad de Buenos Aires (12 %) también hicieron propuestas por debajo del número estipulado –de palabra– por el Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri.

En segundo lugar, los sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo que “plantea una inversión en educación del 6 % del PBI distribuida a todas las provincias”. Esto no es “solo para salario”, sino también “para infraestructura edilicia, material didáctico, formación académica, etc.”, explicó Alesso.

Finalmente, remarcó que a eso se sumó el planteo gubernamental de “un techo de aumento salarial del 15 % en tres cuotas, muy por debajo de la inflación”. Los sindicatos no están planteando “un número concreto en términos de porcentaje” porque todavía hoy “es imposible medir estadísticamente cual va a ser la inflación interanual”. Pero “no va a ser inferior al 24 % según todos los economistas consultados y nuestros propios equipos”, remarcó la entrevistada.

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