Según un material de formación interno al que tuvo acceso la agencia AP, el gobierno del presidente Barack Obama estaría ordenando a los agentes de inmigración que pregunten a los inmigrantes indocumentados si podrían entrar en los parámetros de la nueva ley del mandatario, para de esta manera evitar su deportación.

Los funcionarios de migraciones también tendrían la orden de revisar documentos gubernamentales para identificar a cualquier inmigrante encarcelado que podría quedar en libertad con la entrada en vigor del programa.

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Estas nuevas directivas del Departamento de Seguridad Nacional suponen un inusual cambio en las leyes migratorias estadounidenses, obligando al gobierno a identificar a los inmigrantes que podrían aspirar a los beneficios de la propuesta presidencial.

Por lo general, para acceder a estos beneficios correspondía a los inmigrantes y sus abogados, demostrar que cumplían los requisitos necesarios para evitar la cárcel y quedarse en el país.

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El material de formación incluye además escenarios donde describen encuentros entre agentes e inmigrantes con una guía sobre cómo deben proceder los agentes, incluyendo una lista de preguntas para determinar si los inmigrantes podrían acogerse al plan del presidente.

Según la propuesta, el gobierno de Estados Unidos se centrará en deportar a inmigrantes con antecedentes penales serios o a quienes puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Por lo que la mayoría de inmigrantes, cuyo único delito sea estar en el país sin permiso, no serán una prioridad para los funcionarios.