La suspensión de los alivios migratorios del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ocasionado que la Oficina de Detención y Deportación (ICE) realice indiscriminadas deportaciones en Carolina del Norte y otros estados, según denunciaron diversos abogados de inmigración.

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“Mi cliente fue arrestado el pasado 25 de febrero. Si bien no calificaba para DAPA, tenía una petición pendiente de ‘Stay of Removal’, que le permitiría quedarse más tiempo. Sin embargo, los agentes del ICE lo arrestaron”, aseguró la abogada Isabel Guzmán.

Guzmán sostiene que su cliente encaja dentro de la “Categoría 3”, es decir, la prioridad mas baja para deportación. Estas categorías figuran en un documento emitido por el mismo Secretario del Seguridad Nacional, Jeh Johnson.

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El documento establece tres categorías: La primera, la más alta, incluye a quienes cometieron delitos graves como terrorismo o tienen convicciones por felonías graves. La segunda incluye a quienes fueron sentenciados por tres o más delitos menores, por manejar ebrio o por violencia doméstica. Y en la tercera están todos aquellos inmigrantes con orden final de remoción desde el 1 de enero de 2014 en adelante.

Casos similares en todo el país

Situaciones como la que describió la abogada están ocurriendo en Carolina del Norte y en todo el país, según Gregory Z. Chen, director de defensoría de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

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“Hemos recibido reportes de nuestros miembros a lo largo del país, sobre oficinas deL ICE no están implementando el documento emitido por Jeh Johnson”, aseguró Chen.

De igual forma, el letrado cuestionó que el ICE arreste a personas que están acudiendo a sus citas regulares, a pesar de que caen dentro de la categoría de baja prioridad de deportación. “Están gastando dinero de los contribuyentes en detener a alguien que fue a su reunión de supervisión y que claramente no representa un riesgo”, sostvo.

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Por su parte, el abogado Mathew Kolken recomendó al gobierno que emita un nuevo documento que establezca los factores que deben considerar las autoridades migratorias para iniciar un proceso de deportación.

“Para corregir este problema, el gobierno debe emitir inmediatamente un nuevo memorando de discreción procesal que establezca claramente los factores favorables a considerar”, dijo.

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