La coalición opositora de Venezuela interpuso hoy en el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la resolución que permite a los militares utilizar armas de fuego en las protestas.

La medida, a la que atribuyen inconstitucionalidad, permite a los soldados disparar como último recurso. La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa más de una decena de partidos y organizaciones, presentó ante el máximo órgano de justicia el recurso y un amparo cautelar contra el dictamen.

EL Gobierno ha defendido su disposición, publicada el miércoles 28 de enero en la Gaceta Oficial de la de Nicolás Maduro. La norma lleva la firma del ministro de Defensa, Vladimir López. En la resolución se indica que el uso proporcional de la fuerza se delimitará manual de procedimientos operativos que se elaborará en tres meses.

“Al descontextualizar ponen en relieve lo que está por completo fuera del espíritu de toda la estructura del documento (…), de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes”, respondió López a los críticos.

Según lo establecido, los soldados utilizarán primero la disuasión y en su reacción graduarán la fuerza a aplicar. De existir un riesgo mortal, los agentes aplicarán, de la misma forma, el método de uso de la fuerza potencialmente mortal.

“Nos dimos a la tarea de revisar la actuación de la Fuerza Armada en materia de orden interno, específicamente de orden público, e hicimos una mesa multidisciplinaria donde participó la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Consejo de Derechos Humanos de la nación, las policías, Ministerio de Interior y Justicia, la Guardia Nacional Bolivariana”, destacó López, citado por .

Desde un sector de la sociedad civil, sin embargo, se temen los alcances. “Los aspectos positivos que incluye quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”, opinó Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano.

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