El gran hacinamiento carcelario en El Salvador, que condujo a la Corte Suprema de Justicia a declararlo inconstitucional, es un grave problema que desde hace dos décadas se trata con pasividad en este país, estimaron organismos de derechos humanos.

“El hacinamiento, a pesar de lo grave que es, se ha visto con pasividad o se ha dejado de un lado por parte del Ejecutivo durante décadas, lo cual nos ha parecido una situación inhumana y degradante”, dijo a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.

La veintena de cárceles de , según la Dirección de Centros Penales, albergan a 33.542 internos a pesar de tener una capacidad instalada para 10.109 reos, lo cual representa una *sobrepoblación del 231%.

Otros 5.000 detenidos permanecen en celdas de la Policía que no reúnen las condiciones mínimas para la detención, ya que en calabozos de 10 metros cuadrados permanecen entre 30 y 40 personas privadas de libertad con carencias de agua, ventilación y otros servicios básicos, como la alimentación, de la que se encargan los familiares.

La Sala de lo Constitucional de la Corte declaró que “es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal”.

La Corte ordenó “el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad” y ordenó a las autoridades administrativas construir nuevos establecimientos penitenciarios y adecuar como prisiones otros inmuebles estatales, como cuarteles militares.

INDIGNIDAD Y DESHUMANIZACIÓN

“El fallo de la Corte es importante porque ahora el sistema de justicia tiene un precedente claro sobre el reconocimiento del modelo de derechos y obligaciones que la ONU estableció con el fin de procurar la rehabilitación y la reinserción”, señaló a la AFP Laura Andrade, investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Autora del estudio El Sistema Penitenciario en El Salvador*, Andrade advierte que el actual hacinamiento carcelario es producto de un *sistema de justicia “altamente punitivo” que desecha la prevención.

La Corte Suprema reconoció que además de los “malos tratos” los internos de las cárceles sufren “enfermedades mentales, hongos en la piel y dolor de espalda porque duermen en el piso”.

“Los actuales niveles de sobrepoblación y las gravísimas condiciones de habitabilidad, en las cuales se encuentran la mayoría de los centros penales, muestran las condiciones de indignidad y deshumanización bajo las cuales cumple su pena la población reclusa, lo cual opera en contra de cualquier propósito rehabilitador”, advirtió Andrade.

MÁS REDADAS MASIVAS

A pesar del hacinamiento en las cárceles, las autoridades han continuado apegadas a una política de “mano dura” o “populismo punitivo” iniciada en el año 2000, efectuando redadas masivas de jóvenes vinculados a las pandillas, dijo a la AFP Nelson Flores, encargado de asuntos penales en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Otro de los factores de la sobrepoblación carcelaria es que se abusa de la prisión preventiva: una persona puede pasar detenida entre seis meses y dos años mientras la Fiscalía investiga los cargos en su contra.

De esa manera “se está dando una pena anticipada, independientemente de si la persona es culpable o inocente y eso es gravísimo”, señaló Flores.

“Los jueces no están utilizando medidas alternas y ratifican la detención por regla general, cuando debería ser la última opción”, agregó. Para Flores, otro de los factores que aumentan las detenciones es que se desecha la prueba científica y se privilegia la “prueba testimonial”.

Las violentas pandillas aportan una cuota importante a la población penitenciaria. De los 70.000 miembros de estas organizaciones, unos 13.000 están detenidos.

Fuente: AFP

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