El se propuso incrementar en 5.2% la cantidad de procesos judiciales resueltos con relación al año previo. Esto con el objetivo de optimizar la gestión del servicio de justicia.

La disposición fija también como meta cumplir con la descarga procesal en el 64% de las Cortes Superiores del país (de un total de 31), cumplimiento del estándar de producción en el 48% de las Cortes.

Además, se espera lograr la liquidación de los procesos con el antiguo régimen procesal penal en el 21% de las Cortes en las que se ha implementado el nuevo modelo procesal.

Por otro lado, dicho poder del Estado se compromete a poner en funcionamiento los Juzgados de Medioambiente de Cusco y Piura, con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar los delitos sobre la referida materia.

La gestión de Enrique Mendoza Ramírez espera, también, concrentar la implementación de la Corte Superior de Justicia de Lima Este para acercar el servicio de justicia a la población de esta zona de la capital, y la puesta en servicio de los nuevos edificios de las sedes de las Corte Superiores de Piura y Callao.

Herramientas tecnológicas

En lo referente al aspecto tecnológico, se prevé la implementación del Expediente Digital en la Corte Superior de Lima Norte en la especialidad laboral, que significará el principio del fin de la era de los expedientes de papel.

Por otro lado, entrará en funcionamiento del Registro Biométrico en por lo menos cinco Cortes Superiores más, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, y la implementación de las Mesas de Partes Sistematizadas en las Cortes Superiores de Lima y Lima Sur.

Además se incorporarán al Banco de la Jurisprudencia las ejecutorias producidas entre los años 2010 y 2012 con el objetivo de fortalecer una justicia predecible.

En la primera quincena de febrero, se remitirá al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la relación del 30% de plazas vacantes para jueces, con la intención de reducir la provisionalidad existente.

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