Palestina evalúa adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI) para acusar a Israel de crímenes de guerra y genocidio, en respuesta al rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU a su pedido de acabar con la ocupación antes de 2017.

La estrategia diplomática del buscaba que las Naciones Unidas adoptaran una que, entre otros planteamientos, establecía un plazo de un año para alcanzar un acuerdo final de paz con .

Con plegarse a la CPI, el presidente palestino, Mahmud Abas, pretende ejecutar una antigua amenaza: denunciar a las autoridades israelíes en La Haya por delitos contra los derechos humanos de la población de Gaza.

Israel y de Estados Unidos son reacios a que Palestina acceda a la justicia internacional. Una de las opciones del estado árabe es romper la cooperación de seguridad con la nación judía, lo que implicaría la disolución de la Autoridad Palestina.

A la propuesta, que obtuvo ocho votos a favor y dos en contra en la ONU, solo le faltó una adhesión. Nigeria había asegurado su respaldo, pero finalmente se abstuvo.

“Estamos decepcionados por la abstención de Nigeria. Otros países como Francia y Luxemburgo mantuvieron sus promesas”, lamentó el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Ashraf Jatib.

Washington, que se opuso junto a Australia, sostiene que el conflicto solo puede resolverse por una negociación entre ambas partes y que la resolución alentaba “las divisiones”.