La cancillería de México no acepta que la tortura sea una práctica generalizada porque podría llevarlo a un proceso por crímenes de lesa humanidad ante tribunales internacionales.

El artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), estipula que “un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil y con conocimiento” podría ser considerado “un crimen de lesa humanidad”, explicó Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En este caso, la CPI tendría facultad de abrir una investigación contra el Estado mexicano, agregó la abogada de esta agrupación que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU).

La declaración es en respuesta a una reciente misiva del relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, quien visitó la nación latinoamericana en 2014 tras la desaparición de los de Iguala.

“Se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Esta forma parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta solución”, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para Méndez, “en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden”.

El experto envió una carta días atrás a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, en la que criticó el “ataque personal” en su contra por parte de funcionarios mexicanos.

El 26 de marzo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró que el relator no fue “profesional y ético” en sus valoraciones sobre el país. El canciller José Antonio Meade suscribió las palabras.

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