Una de las polémicas que giran en torno al dictamen de la , aprobado en la Comisión de Educación del Congreso y próximo a debatirse en el pleno, es que los profesores deben contar con una maestría de dos años para poder ejercer la docencia en el nivel de pregrado.

Según se establece en el artículo 43 del capítulo V del cuestionado proyecto, para la obtención del grado de Maestro se requiere haber aprobado los estudios de una duración mínima de cuatro semestres con un contenido mínimo de 48 créditos, además del dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha sido clara en afirmar que toda disposición que permita mejorar la calidad de la enseñanza superior es bienvenida; no obstante, el dictamen indica que para fines de homologación o revalidación, los grados académicos otorgados por universidades o escuelas de educación superior del extranjero se rigen por lo dispuesto en la presente ley.

Para Electo Cruzado, asesor legal de la ANR, esta disposición podría ser perjudicial para aquellos docentes que, en busca de perfeccionar sus conocimientos y habilidades, invirtieron su dinero para un posgrado en el exterior. Cabe destacar que en algunos países como España las maestrías tienen una duración de dos semestres académicos (un año) y el título se otorga luego de presentar y sustentar una tesis.

“También se debe tomar en cuenta la educación virtual o a distancia, no se debe satanizar esta forma de aprendizaje porque también es importante. Si un profesional se capacita bajo esta modalidad y lo hace a conciencia también va a ser positivo para los alumnos el recibir esas enseñanzas”, indicó a .

En efecto, el artículo 45 del dictamen señala que los programas de educación a distancia, basados en entornos virtuales de aprendizaje, deben tener la misma calidad que las modalidades presenciales de formación, y antes de ser ofertados por las universidades, deben contar con la aprobación de la Autoridad Nacional de Educación Universitaria, organismo adscrito al Ministerio de Educación.

Precisamente la ANR criticó la creación de esta autoridad al indicar que la universidad peruana debe estar libre de cualquier tipo de injerencia privada, pública o política.

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