El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la constitucionalidad de la Ley Universitaria y otorgó un plazo de cinco años para que se adapten a la norma los docentes universitarios que no cuenten con grado de magíster.

La resolución el TC declaró infundada las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversas instituciones contra la que establece cambios en el sistema universitario.

El voto mayoritario de los magistrados ratificó también la legalidad de la Superitendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sinedu) y las funciones asignadas para el control de la calidad en la educación superior.

Asimismo, señala hay facultades para establecer las sanciones, pues su finalidad “es asegurar de modo permanente la calidad de la educación universitaria, la temporalidad de la licencia y la posibilidad de disponer el cierre de aquellas universidades que no alcancen estándares mínimos de calidad”.


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