A pesar de estar inhabilitadas por el (OSCE), 105 empresas ganaron licitaciones públicas por S/.398 millones entre 2011 y 2013 por intermedio de controvertidas .

En estos casos, la falta más frecuente cometida por las compañías es la falsificación de documentos.

Los fallos de los magistrados permitieron que las compañías, la mayoría dedicadas a los rubros de seguridad, servicios de salud y construcción, se adjudicaran los concursos convocados por el Estado.

De acuerdo a una investigación de , solo el titular del Primer Juzgado Civil de Huamanga, Carlos Castillo Olazo, emitió 14 sentencias favorables a igual número de empresas sancionadas.

“Ya no estoy en la magistratura porque renuncié. Dicté varias medidas cautelares, pero estas fueron anuladas cuando la procuraduría del OSCE presentó recursos de oposición”, señaló Castillo Olazo.

La presidenta ejecutiva del OSCE, Magali Rojas, advirtió que las acciones de amparo y procesos contenciosos que suspendieron las resoluciones sancionadoras del OSCE se han multiplicado desde 2011.

Añadió que incluso hay jueces que desafían al Tribunal Constitucional para favorecer a empresas que tienen sanciones administrativas.

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