El congresista aprista consideró que y , cuando eran ministro de Justicia y agente peruano ante la CIDH por el caso , respectivamente, cometieron una infracción constitucional por haber presionado a la jueza Carmen Rojjasi, responsable del referido proceso.

“Debe quedar claro que aquí hubo una infracción constitucional por parte de un ministro. Y aunque quieran disfrazar las cosas, no son parte de un esquema mucho más amplio en donde puedan verse afectados los intereses del Estado”, indicó a RPP Noticias.

“El ministro (Jiménez) ha dicho que todos los partidos políticos han estado informados de esto. Yo soy vocero de la bancada y presidente de la Célula Parlamentaria Aprista y jamás me han citado a ninguna reunión para contarme sobre este tema”, agregó.

El legislador dijo que corresponde al Congreso de la República iniciar una investigación a través de la Comisión de Justicia o de algún grupo especial.

Recordó que el Estado tiene pendientes miles de casos de violaciones a los derechos humanos, y que le compete abordarlos al procurador del Estado y no a un ministro.

“Esa preferencia especial en este caso es porque sin duda había una vocación de querer hacer que la jueza falle en un solo sentido, pero ella no se dejó amilanar y no pasó nada, pero en derecho penal, es la tentativa, las ganas de hacerlo”, señaló.

Esta tarde, en conferencia de prensa, Jiménez en el caso Chavín de Huántar y aseguró que la reunión con los jueces César San Martín y Carmen Rojjasi tuvo como finalidad “coordinar” la defensa peruana ante la Corte de San José.

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