La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial no pudo encontrar responsabilidad delictiva al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta por el caso de las esterilizaciones forzadas que ocurrieron entre 1990 y 2000.

El fiscal de esta instancia, Marco Guzmán Baca, solo denunciará a seis médicos de Cajamarca, región donde murió una mujer que fue esterilizada, .

La decisión de archivar nuevamente esta denuncia se debe a que no se encontraron indicios de que el gobierno fujimorista tuviera intención de esterilizar de manera forzada a las mujeres pobres del país.

Una acusación a Fujimori y sus exministros necesitaría de la figura de la autoría mediata, pero este caso no cumple con el requisito de la existencia de una “estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical” como la del Ejército.

La investigación sobre las esterilizaciones forzadas fue archivada en mayo de 2009 pero reabierta en junio de 2013 por recomendación de la . El organismo internacional hizo este pedido por el alto número de afectados y por la muerte de una mujer, Mamérita Mestanza, durante la ejecución del programa.

Ahora Guzmán solo denunciará por la muerte a dos médicos legistas y a cuatro galenos de una posta médica. A los primeros por encubrimiento real e incumplimiento de funciones y a los segundos por exposición al peligro y homicidio culposo.

El fiscal sostuvo que si bien no se incurrieron en crímenes de lesa humanidad, si hubo violación de los derechos humanos: “en algunos casos eso [las esterilizaciones] afectaba la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza”, dijo a la prensa.

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