El anuncio del Gobierno mexicano provocó conmoción internacional ante un caso más que pone en evidencia la desprotección a la que está expuesta la niñez en México. Miembros del Ejército y de la policía federal rescataron el martes (15.07.14) a casi 600 personas, entre ellas 462 menores, que eran retenidos contra su voluntad en un albergue en la localidad de Zamora, Michoacán.
“Sorprende por su dimensión, que 596 personas se encontraran en una situación de confinamiento. El caso apunta nuevamente a una disfunción del sistema de Justicia en este país, porque ya se tenían denuncias de familiares desde hace años, que fueron desoídas por las autoridades”, afirma el politólogo alemán Günther Maihold, que dirige la Cátedra Humboldt en el Colegio de México. Según Maihold, la justicia queda entrampada en la lucha de poder de las élites locales ante la indiferencia ciudadana.
En el operativo fueron rescatados desde seis bebés, hasta adultos de 40 años. Fue detenida la fundadora de la casa hogar La Gran Familia, Rosa Del Carmen Verduzco, alias ‘Mamá Rosa’, que dirigía el albergue desde hace 40 años, así como ocho empleados. Se les responsabiliza de agredir física y psicológicamente a los menores, de abusar de ellos sexualmente, de obligarlos a pedir limosna y a dormir en el suelo, entre plagas. Comían alimentos en descomposición y todos presentaban un cuadro de desnutrición.
Responsabilidad de gobiernos anteriores
La responsabilidad, según Maihold, probablemente recae sobre los gobiernos michoacanos anteriores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El actual gobernador, Salvador Jara, exrector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, que no milita en ningún partido, llegó al cargo el 20 de junio pasado tras la renuncia del priista Fausto Vallejo Figueroa. “Se hizo cargo de las denuncias y al parecer, por desconfianza en sus propias autoridades, se puso en contacto con la Procuraduría General de la República (PGR)”, destaca el experto.
“Es una situación parecida a la de los miles de niños migrantes que recorren el país con destino a Estados Unidos, que son deportados y que no encuentran albergues o atención por parte del Estado mexicano”, afirma el experto, y añade: “Es evidente que la protección a la niñez es una tarea urgente del Estado mexicano en todos sus niveles”.
La niñez en México, en un limbo legal
Maihold destaca que la infancia en México está en un limbo legal, que se pierde entre la responsabilidad de los padres y del Estado. “Los casos de trabajo infantil, que se han denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la deserción escolar, que es muy grave en las zonas más marginadas del país, la situación de los niños migrantes que son expulsados de sus comunidades para que vayan a buscar fortuna en Estados Unidos con la esperanza de que después les puedan alcanzar sus familiares, todo esto muestra la necesidad de implementar políticas más sólidas”.
El experto advierte que los gobiernos regionales tienen que asumir su responsabilidad y estar atentos ante cuestiones que son de su competencia, y eso debería exigirles el Gobierno federal.
(Fuente: Deutsche Welle ) rrr