El secretario general de la (FTCCP), , señaló que existen unos 72 sindicatos paralelos de supuestos obreros de su sector que están agrupados en cinco federaciones, pero, denunció, el 80% de estos, cerca de 60, se dedica a la extorsión.

En ese sentido, el también secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú () pidió a la ministra de Trabajo, , que depure los registros sindicales otorgados durante el gobierno aprista a grupos integrados por extorsionadores.

Durante la marcha que su federación realizó el miércoles hacia el Ministerio de Trabajo, Huamán recordó que en los últimos dos años han sido asesinados diez dirigentes de la FTCCP por su enfrentamiento a estos sindicatos paralelos que, dijo, usan sicarios.

El dirigente fue respaldado por Valia Ruiz Colla, hija del desaparecido dirigente de construcción de Barranca Jesús Aníbal Rúiz Díaz, quien fue asesinado el 21 de octubre pasado. La joven exigió al Poder Judicial que dicte sentencia contra los cuatro procesados por el asesinato de su padre.

De todas maneras, Huamán saludó el aumento del presupuesto para la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles y el proyecto de ley que prepara el Gobierno para penar con severidad a los extorsionadores que se hacen pasar por dirigentes de construcción civil.

(Foto: Facebook / FTCCP)

Según informó La República, el Ministerio de Trabajo tiene registrados a 171 sindicatos de construcción civil solo en Lima, estando agrupados todos estos en cinco federaciones. La de Mario Huamán es la que tiene más sindicatos asociados (128), mientras que la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatracc), encabezada por Augusto Ramos Dolmo, tiene 23.

A propósito de este aumento de grupos de trabajadores, la policía tiene al grupo de inteligencia Géminis infiltrando agentes en estos gremios para establecer presencia de delincuentes.

Por su parte, la Cámara Peruana de la Construcción () solicitó la modificación de algunas normas penales para proteger la identidad de los denunciantes de extorsionadores infiltrados en construcción civil.

“La extorsión en construcción civil se debe considerar como un delito de crimen organizado, así se salvaguarda al denunciante”, señaló un vocero de Capeco.

En los primeros días de junio, el Ministerio de Trabajo instaló una mesa de diálogo para abordar este problema, pero la FTCCP se rehusó a participar porque fueron convocados representantes de sindicatos a los que acusan de dedicarse a la extorsión.