Dos muertos, decenas de heridos y 180.000 personas de más. Lo ocurrido en el concierto del rockero Carlos Alberto ‘Indio’ Solari en Argentina el pasado fin de semana volvió a evidenciar los fallos de seguridad y los vacíos en la regulación de los espectáculos masivos en el país austral.

El esperado show de Solari, quien llevaba un año retirado de los escenarios por la enfermedad de Parkinson que padece, terminó el sábado en tragedia en la localidad bonaerense de Olavarría – unos 400 kilómetros de la capital argentina -, debido a la muerte de dos hombres, supuestamente por una avalancha provocada por el exceso de aforo.

La Justicia continúa investigando las circunstancias del concierto en el que se estima que hubo unas 180.000 personas más de las 170.000 que inicialmente estaban previstas, aunque ni la productora ni la Municipalidad asumen responsabilidades y, mientras, se culpabilizan los unos a los otros.

“La verdad no sorprendió. Hay mucho descontrol porque todo sigue igual. Son recitales masivos y se justifican con que son espacios abiertos, pero si tienes esa masa de personas en localizaciones pequeñas, con poca policía y pocos medios… no cambia”, asegura a Efe el abogado Javier Miglino, fundador de la ONG ’Defendamos Buenos Aires’.

Para él, esa “multitud” de gente equivalía a la población de una ciudad entera. Por eso, como a muchos argentinos, le extraña que el número de fallecidos no fuera mayor.

Además, está convencido de que ese cruce de acusaciones entre organizadores y políticos no va a terminar nunca y, finalmente, el caso quedará impune.

Lo ocurrido despertó el recuerdo de otros sucesos similares y que, pese al paso del tiempo, son una herida que permanece abierta para la sociedad del país suramericano.

Es el caso del incendio que tuvo lugar en 2004 en la discoteca Cromañón de Buenos Aires. La tragedia, una de las peores que recuerda el país, se produjo cuando unas 6.000 personas se concentraban en un local con capacidad máxima para 1.031 para ver el concierto que ofrecía la banda de rock Callejeros.

Cerca de la medianoche, una bengala prendió fuego a las telas que decoraban la discoteca y provocó el caos entre los asistentes, que al tratar de escapar del humo y las llamas encontraron las puertas de emergencia bloqueadas, lo que terminó causando 194 muertes.

Buenos Aires volvió a revivir la tragedia, aunque a menor escala, hace casi un año, cuando cinco personas perdieron la vida, presuntamente por el consumo de drogas sintéticas, durante la fiesta electrónica Time Warp.

Las pericias de la Fiscalía responsable del caso apuntaron a que se sobrepasó el aforo permitido, había dificultades para conseguir agua, zonas liberadas para la venta de drogas y escasa atención médica disponible.

“Siempre son las mismas vicisitudes: exceso de aforo, falta de controles, falta de médicos, y, a veces, falta de orientación y desesperación porque no pueden salir, lo que genera un maremágnum humano, lastimando e incluso quitando la vida a otros”, señala Miglino.

A su juicio, la norma que regula cuestiones como la seguridad o el acceso a los espectáculos en el país – y que fue modificada por última vez en 2009 – no es suficiente.

“No hay una ley específica de espectáculos públicos masivos. Hay una constelación de ordenanzas y de legislaciones provinciales”, lo que hace que quede “relegado al capricho” de funcionarios y empresarios.

Por ese motivo, desde la ONG, piden una regulación “de envergadura” que no permita que se celebren espectáculos cerrados de más de 1.000 personas ni abiertos de más de 10.000 porque lo sucedido en el de Solari refleja que “es imposible controlar a una masa de esa capacidad”.

Asimismo, proponen que se obligue a cachear previamente a los asistentes, que se prohíba el consumo de alcohol en el lugar, que haya un médico o un puesto sanitario cada 50 personas y que exista un puesto de información por cada 100, de forma que se evite la desaparición de decenas de personas durante días, como ocurrió esta semana tras el concierto del rockero.

“El gasto medico y de información en un espectáculo de 10.000 personas no supera los 20.000 pesos (1.200 dólares), es decir, un pesos (seis centavos) por persona”, insiste Miglino, quien vuelve a dejar la pelota en el campo de los legisladores.

(Fuente: EFE / Irene Valiente)

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