La Defensoría del Pueblo de Colombia demandó investigar la denuncia de violaciones de militares y contratistas estadounidenses, cometidas entre 2003 y 2007, contra menores en este país.

Según un , los abusos fueron grabados y los videos se vendieron como material de pornografía.

En el reporte del historiador Renán Vega, presentado en febrero en Cuba dentro del diálogo por la paz entre el Gobierno y las FARC, se indica que en los municipios de Melgar (Tolima) y Girardot (Cundinamarca), durante la ejecución del Plan Colombia contra el narcotráfico y la subversión, 54 niñas y adolescentes colombianas fueron ultrajadas.

Al respecto, el , Jorge Armando Otálora, le pidió a la cancillería y al Ministerio de Defensa que abra un proceso y que, de comprobarse los delitos, los responsables sean sancionados penalmente, más allá de castigos administrativos.

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“Que a través de los canales diplomáticos y de cooperación binacional se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones relacionadas con presuntos abusos de militares y contratistas norteamericanos en Colombia”, declaró, citado por .

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, ordenó iniciar una búsqueda de las víctimas que fueron abusadas sexualmente.

“Existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables”, añadió Otárola.

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