El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia del Santa dictó el viernes una orden de impedimento de salida del país contra el presidente regional de Áncash, , por un plazo de cuatro meses.

La medida, adoptada en el marco de la investigación que se le sigue a la autoridad regional por supuestos actos de corrupción en su gestión, afecta también a otras cinco personas.

Se trata del asesor de imagen de Álvarez, Jorge Burgos Guanilo, y de los periodistas Nelson Vásquez Baca, Sandor Renilla Horna, Rosa Olivares De La Cruz y Juan Espinoza Linares.

Según el fiscal anticorrupción Laureano Añanca, los antes mencionados son investigados por el delito de asociación ilícita para delinquir y peculado. Los hombres de prensa habrían recibido hasta S/.5 mil mensuales del gobierno regional por orden de Álvarez para difamar a los opositores a su gestión así como para hacer publicidad a sus obras.

El procurador anticorrupción opinó que esa decisión judicial “es un buen signo” para llegar hasta el final de las pesquisas contra Álvarez, quien además afronta una investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Dijo que todavía queda pendiente un pedido de prórroga de plazo del fiscal, que solicitó que la medida rija por ocho meses y no por cuatro. Ese asunto podría debatirse la próxima semana en una nueva audiencia.

La defensa de Álvarez

El viernes, la autoridad ancashina con que se realicen en Lima las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción y los asesinatos de sus opositores políticos, como lo decidieron el Ministerio Público y el Poder Judicial.

De igual manera, negó tener una relación cercana con el nuevo fiscal de la Nación, , a quien, según dijo, “solo he visto una vez”. Insistió, además, que es víctima de una “persecución política”.

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