El Poder Judicial admitió el pedido de prórroga de plazo por ocho meses, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción del Santa, para continuar investigando al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por el presunto delito de colusión.

Este caso está referido a presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el proceso de licitación y ejecución de la obra de “mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Augusto Salazar Bondy” del distrito de Nuevo Chimbote, valorizada en más de 7 millones de soles.

La reconstrucción del plantel se inició en el 2012, pero a la fecha solo registra el 75 por ciento de avance en las obras.

El fiscal anticorrupción Mario Muñoz Villanueva explicó que la Fiscalía sospecha que había existido “una colusión entre los funcionarios regionales y los empresarios” para favorecer con la buena pro de la obra al consorcio Buenos Aires, que ganó la licitación.

Además de Álvarez son investigados por este caso, los exgerentes de la Subregión Pacífico (unidad ejecutora del Gobierno Regional de Áncash) Juan Gallo Zegarra y Pamela Bermúdez Rodríguez, esta última prófuga de la justicia por el sonado caso “la centralita” de Áncash.

Asimismo, se ha comprendido en la causa judicial a los exfuncionarios regionales William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios y Oscar Salgado Olivo. También figuran como investigados Jacobo Santos Mantilla, Estela Ortega Torres, Jessica Palacios Alí y José Requena Cornejo.

Con la nueva ampliación de plazo, la investigación deberá culminar el 22 de diciembre de 2016, puntualizó el fiscal Muñoz.

Gracias a este plazo ampliado se ha programado la toma de la declaración de César Álvarez Aguilar en el penal Piedras Gordas, donde cumple prisión preventiva. Esta diligencia se realizará el 27 de mayo próximo.

También se ha llamado a declarar al investigado Enrique Godoy Palacios, para el 25 de mayo. Él lo hará en la sede de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Nuevo Chimbote. Se dispuso también un peritaje contable para determinar las valorizaciones pagadas a la empresa, las ampliaciones de plazo, el avance físico y financiero, entre otros.

La otra diligencia prevista será un informe que deberá evacuar un ingeniero civil respecto del avance de la obra y el empleo de materiales. Actualmente los trabajos permanecen abandonados y los más perjudicados son los alumnos.

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