Luego de que firmara que permite convocar a un referéndum sobre su independencia, el Consejo de Estado de España autorizó al Gobierno que lleve el caso al Tribunal Constitucional (TC).

El Ejecutivo solicitó la medida después de que el presidente catalán, Artur Mas, aprobara el decreto de convocatoria de la consulta popular programada para el 9 de noviembre.

El dictamen es preceptivo, aunque no vinculante para que España interponga ante el TC los recursos anunciados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. “No se va a celebrar porque es inconstitucional”, recalcó Sáenz de Santamaría.

El Gobierno acordará el lunes 29 en un Consejo de Ministros extraordinario, presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la presentación ante el TC de los recursos de inconstitucionalidad. La facultades incluyen la petición de suspensión de la ley de consultas catalana.

Una vez que el TC admita el trámite, la detención del proceso soberanista será “automática” y la instancia debatirá la decisión. Una vez presentado el recurso, el TC deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo. El Senado, el Congreso y la autoridad autónoma de Cataluña tendrán un plazo de 15 días para presentar sus alegatos.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le permite adoptar “cuantas medidas sean necesarias” para preservar su jurisdicción, “incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben”.

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