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Tras la protesta de 1,5 millones de personas contra su Gobierno, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció medidas de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Entre las políticas anunciadas se encuentran la penalización de fondos mal habidos para financiar campañas electorales, la incautación de activos a personas culpables de corrupción y la exigencia de que los funcionarios del Gobierno no tengan antecedentes penales.
“Este es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del Gobierno con el fin de evitar y combatir la corrupción y la impunidad”, subrayó Rousseff, cuya popularidad se encuentra en su punto más bajo, incluso en los sectores pobres que la apoyaban.
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El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, había anunciado que las políticas se establecerán en los próximos días en respuesta a la manifestación de la multitud, la más grande de la historia del país en democracia.
“El Gobierno está atento y dispuesto, como siempre estuvo, a escuchar la voz de las calles. Por esto se anunciará en los próximos días un conjunto de medidas de combate a la corrupción y a la impunidad. Estamos abiertos a escuchar propuestas, tanto de los que defienden al Gobierno como de los que lo critican”, manifestó.
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El titular recalcó que Rousseff quiere impulsar una profunda reforma política que prohíba que las empresas financien a candidatos o partidos en campañas electorales.
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“Es necesario un cambio en nuestro sistema político-electoral, que a nuestro juicio es la puerta de entrada principal para la corrupción. No es posible seguir con los financiamientos de empresas a las campañas electorales: hay que cerrar de inmediato esta puerta de entrada para la corrupción”, añadió.
