Finalmente tras una serie de especulaciones, la Corte Suprema aprobó la extradición del expresidente de la FPF, , a Estados Unidos para afrontar la denuncia por el cargo de delincuencia organizada en grado de conspiración, con la justicia norteamericana.

La sala presidida por el juez supremo Javier Villa Stein aceptó la petición del Tribunal del Distrito Este de Nueva York por uno de los tres cargos que la Fiscalía estadounidense imputó a Burga para que fuera investigado en su territorio.

Los jueces declararon procedente la extradición por la presunta comisión del delito de asociación de delincuencia organizada o delincuencia organizada en grado de conspiración, tipificado en la legislación peruana como asociación ilícita para delinquir.

Los mismos magistrados desestimaron los cargos por los delitos de fraude electrónico, por no encontrar uno similar en las leyes peruanas, y de lavado de dinero, porque la justicia estadounidense no cumplió con enviar la información que la sala le solicitó en marzo pasado.

El tribunal basó su resolución en la acusación del fiscal estadounidense y las declaraciones juradas del fiscal auxiliar y del agente especial del Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus sigla en inglés), quienes están a cargo de la investigación contra el expresidente de la FPF.

El Poder Judicial de Perú remitirá al Ministerio de Justicia el cuadernillo de extradición de Burga para que sea aprobado por el Poder Ejecutivo antes de que se efectúe el traslado del imputado a Estados Unidos.

Posteriormente, el abogado de Burga, César Nakazaki, aseguró a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que el fallo de la Sala Penal Permanente le causó “extrañeza”.

El letrado afirmó que el documento remitido por Estados Unidos para la extradición de Burga “es el mismo” que fue devuelto por la justicia peruana al juzgado de instrucción por considerar que no cumplía con los requisitos del tratado de extradición entre ambos países.

Nakazaki consideró que el delito de asociación de delincuencia organizada no existe en Perú y que, por lo tanto, “todavía hay acciones legales que se pueden presentar” para apelar el fallo favorable a la extradición.

El expresidente de la FPF fue incluido en diciembre entre los 16 nuevos altos cargos y exdirectivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de “secuestrar” el fútbol para enriquecerse durante 24 años.

El nombre de empezó a figurar en las investigaciones desde el mes de noviembre cuando la justicia estadounidense inculpó 16 altos responsables y exfuncionarios de la FIFA y asociaciones nacionales latinoamericanas, entre ellos los presidentes de la Conmebol y la Concacaf, ambos detenidos en Suiza, por el caso de corrupción que sacude desde mayo a la organización.

Según la demanda publicada en la página web del departamento de Justicia de los Estados Unidos, a se le acusa de haber recibido pagos indebidos de Alejandro Burzaco (dueño de TyC) a cambio de entregar, junto a otros dirigentes, los derechos de televisación de varias ediciones de la Copa América.

La investigación por sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.

En las próximas horas se confirmará cuál será el procedimiento que se llevará a cabo para conducir a a los Estados Unidos.

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