En España la Fiscalía ha pedido al juez Pablo Ruz que admita a trámite la querella por apropiación indebida interpuesta contra el presidente del Barcelona, Sandro Rosell, por el fichaje de Neymar, ante la posibilidad de que los contratos que lo sustentaron fueran “simulados”.

El fiscal José Perals pide al juez en su informe que admita a trámite la querella presentada por un socio del club, puesto que los contratos del jugador “que se han ido firmando entre las partes en ocasiones no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso de contratos simulados”, y en otros casos se cambian de tipo contractual de manera fraudulenta.

El fiscal apoya la tesis del querellante de que no se sabe la cantidad que efectivamente pagó el Barcelona por el fichaje del delantero brasileño Neymar Silva Santos Junior y se ha ocultado por ello a los socios una información que debía ser pública.

También reclama al juez que pida al propio jugador el contrato que firmó con la sociedad N&N, propiedad de su padre, por el que le cedía sus derechos; libre una comisión rogatoria a Brasil para solicitar del Santos CF el contrato de traspaso del jugador, y cite como imputados a los empleados de Deloitte que hicieron la auditoría de las cuentas del Barcelona.

Además, se acordó que el precio para adquirir a Neymar que tenía que pagar el Barcelona por “derechos federativos y económicos” era de 40 millones (en los que se incluían los 10 del “préstamo”) y se estableció una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de 40 millones.

En ese momento, el Barcelona reconoció que no había cumplido el contrato de 2011 (ya que el jugador se debía incorporar al club catalán en 2014 y aún no había acabado su relación con el Santos CF) y que tenía que abonar la cláusula de penalización de 40 millones a N&N y, en el mismo acto, se firmó el contrato de trabajo del jugador.

Por ello, el fiscal considera que lo que en principio era un contrato de fichaje (el firmado en 2011) se cambió por una cláusula de penalización del mismo y que así “los 40 millones se abonan finalmente como una cláusula de penalización cuando en realidad inicialmente eran por la adquisición de los derechos económicos y federativos del jugador”.

EFE

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