La empresa aseguró que desde su entrada en operación en Costa Rica en 2015 ha invertido 30 millones de dólares y pidió al Congreso abrir una discusión para concretar una regulación “moderna” del servicio de transporte.

publicó una carta abierta dirigida al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, los partidos políticos y la ciudadanía, en la que expresa su disconformidad con un proyecto de regulación presentado por el Ejecutivo al Legislativo el pasado martes.

“Hemos dado un voto de confianza al país con una inversión que supera los 30 millones de dólares en los últimos 3 años (…) nuestra plataforma se ha convertido en una opción innovadora, eficiente y segura para más de 783.000 usuarios y en una fuente de ingresos para más de 22.000 familias costarricenses”, indica la carta.

La misiva, firmada por el gerente general para Centroamérica, Andrés Echandi, agrega que la empresa apoya un proceso de diálogo en el Congreso, de la misma forma que lo ha hecho en “más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo”.

“Confiamos en que la Comisión de Asuntos Económicos (del Congreso) valorará todos los insumos para lograr una regulación moderna, inclusiva, diferenciada, que abra las puertas para la innovación de la movilidad y beneficio de todas las personas en Costa Rica”, expresó la compañía.

Uber valoró positivamente que el Gobierno haya presentado un plan de regulación, pero se mostró disconforme con el texto, pues considera que “la visión del Gobierno aún está lejos de promover la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología”.

La empresa asegura que el texto del Gobierno “desconoce las características y medidas de seguridad con las que ya cuenta el sistema” y que además “restringe la oferta del servicio y limita la cantidad de personas que pueden inscribirse como socios” (conductores).

El proyecto de ley que regula las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como es el caso de Uber, establece que el Consejo de Transporte Público tendrá la facultad de “fijar una cantidad máxima de vehículos que puedan operar”.

Uber también expresó su preocupación por los montos que sus colaboradores deberán pagar al año, de 35 dólares por conductor y de 200 dólares por vehículo.

La ley también obligaría a los conductores a tributar ante el Ministerio de Hacienda y a estar asegurados como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social.

El proyecto de ley establece el impuesto de valor agregado del 13 por ciento y además el tributo sobre las remesas al exterior, que es del 8,5 por ciento, para las EPT.

La iniciativa además obliga a las EPT a aportar un 3 por ciento del precio cobrado al usuario para crear el Fondo Nacional de Movilidad, cuya misión será la modernización del transporte público del país.

Otro punto declara a todas las EPT como un servicio público, pero sin estar sujetas a regulación tarifaria, y además estas compañías deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) mediante un pago de unos 13,5 millones de dólares.

Para los taxis oficiales, la legislación aprueba que se establezca una tarifa máxima y los conductores estarán habilitados para negociar un precio menor con el usuario.

Fuente: EFE