La plataforma dijo que la normativa para su funcionamiento dictada por el Gobierno de Panamá “no brinda una alternativa sostenible para atender a las necesidades de la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo”, por lo que pidió que sea revisada.

Esa es la conclusión de una prueba realizada por la plataforma el pasado día 24, en la que durante varias horas ofreció el servicio aplicando el Decreto 331 publicado el pasado 31 de octubre y que entrará en vigor en enero próximo, recordó Uber en un comunicado este martes.

Entre los resultados del ejercicio Uber citó que “la cantidad de viajes realizados en total se redujo en un 96 % comparado con el viernes 17 de noviembre, cuando la app funcionaba bajo las condiciones anteriores a la aprobación del Decreto 331”.

“Durante el tiempo de prueba, sólo 3,8 % de socios conductores pudieron conectarse a la aplicación debido a las restricciones del decreto. En comparación con la semana anterior, menos del 5 % de usuarios pudieron completar un viaje”, indicó Uber.

Añadió que “el tiempo de espera promedio pasó de 5 a 15 minutos”, y que “a pesar de que la tarifa promedio de los usuarios aumentó en un 14 %, los conductores que lograron conectarse ganaron en promedio 52 % menos por hora en comparación con la semana pasada debido a que invirtieron más tiempo buscando a los usuarios que lograron realizar viajes”.

Además, los usuarios que pagan en efectivo “no podrán continuar realizando viajes en la plataforma, según lo aprobado en el Decreto 331. Esto significa que se realizarán 50 % menos de los viajes que se hacen actualmente, consecuencia directa de una poca penetración de tarjetas de crédito así como el bajo nivel de bancarización en el país”, agregó.

“Nos genera gran preocupación que al entrar en vigencia este Decreto en enero 2018, se impacte negativamente (…) a los más de 225.000 usuarios y más de 8.000 socios conductores, de los cuales 63 % son jefes de familias,” señaló el gerente general de Uber Centroamérica, Andrés Echandi.

El gerente agregó que a la plataforma le “parece importante poder tener un espacio en estos días antes del fin de año para revisar los puntos de la regulación, que no solo afectan a Uber sino a cualquier empresa local o extranjera que quiera incorporar la tecnología para mejorar la movilidad”.

El Decreto 331 establece que los conductores de servicios que utilicen plataformas como Uber solo pueden ser ciudadanos panameños mayores de 21 años con una licencia especial de transporte.

El Gobierno dio un plazo de seis meses a estas aplicaciones para volver exclusivamente al cobro electrónico y eliminar la opción de pago en efectivo, que Uber puso en marcha hace un año.

El Gobierno creó además una nueva categoría de transporte, denominado transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado (TIC), que, entre otras, restricciones, solo podrá ofrecerse en la capital panameña y a las provincias interiores de Panamá Oeste, Colón y Coclé.

La baja calidad del servicio de taxis tradicionales (de color amarillo) y la arbitrariedad con la que los conductores determinan las tarifas, pese a que los precios están regulados, han causado un auge de las aplicaciones móviles en Panamá.

Los taxistas han protagonizado en los últimos tiempos varias protestas contra estas aplicaciones, especialmente contra Uber, que llegó a Panamá en marzo de 2014 y que se ha vuelto muy popular especialmente en la capital panameña.

Fuente: EFE

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