De manera firme, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, rechazó haber cometido algún acto “ilegal o doloso” en el caso de la venta de tres inmuebles municipales en la zona de Mesa Redonda por US$3,3 millones, que – según una denuncia – se realizó sin subasta pública y sin la aprobación del Consejo Municipal.

“Esto lo rechazo tajantemente, yo actúo de acuerdo a la ley. Aquí no van a manchar mi honra diciendo que estoy cometiendo actos dolosos o ilegales, o que habrían intereses económicos o actos de corrupción de mi parte”, expresó a la prensa.

Villarán detalló que el proceso de venta de dichos inmuebles, de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima, empezó en el 2006, “cuando la Municipalidad de Lima no tenía nada que ver con la Beneficencia”. Por ello, explicó que estos predios comerciales tenían otra normativa y no se violó la Ley Orgánica de Municipalidades con su venta.

“Ese fue un proceso que se adjudicó, como dice la Ley especial de Bienes con la que se rige la Beneficencia de Lima, a los inquilinos en primer lugar. Fue un proceso transparente, con pujas, con otros ofertantes y fue finalmente vendido a un precio mayor al que daban otros”, indicó.

La burgomaestre dijo estar “fastidiada” con esta denuncia realizada por el regidor edil del PPC, Alberto Valenzuela, y esperó que la misma “no tenga malas intenciones”. “No hay ninguna razón legal para dar sustento a esta denuncia. Los bienes no son de la Municipalidad sino de la Beneficencia”, remarcó.