El ministro de Defensa, Alberto Otárola, envió un “oficio urgente” al jefe del Ejército, general Víctor Ripalda, donde le pidió retirar un lote de mil chalecos antibalas que habían sido distribuidos en las bases más importantes del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Según la revista ‘Caretas’, en el documento Otárola realiza esa exigencia “porque los chalecos estarían poniendo en riesgo la salud y vida el personal militar del Comando Especial del VRAE”.

En agosto del 2010, el Ejército firmó un convenio con la compañía norteamericana Point Blank Solutions INS (PBSI) para fabricar 6 mil chalecos por 6 millones de soles. El precio por cada chaleco varía, según el tamaño. En talles small, médium y large el valor unitario es de US$ 333.39 y en tallas extra large es de US$ 373.16.

El documento lleva las rúbricas del general EP Richard Pitot, entonces jefe de la 18 Brigada Blindada del Rímac, y los norteamericanos Michael Foreman y Patrick Stallings, en su calidad de representantes de Point Blank.

El problema con los chalecos

Los primeros mil chalecos nivel IIIA llegaron a CETPRO en mayor del año pasado para el acondicionamiento del laminado de acero y el paquete balístico y, en agosto, fueron destinados a las bases estratégicas del VRAE.

Sin embargo, la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Defensa fue informada de que los chalecos carecían de las láminas de acero para mitigar el impacto de las balas calibre 7.62 mm de fusiles FAL y AKM, y así consta en el oficio que envío Otárola al jefe del Ejército.

Según la revista, eso indica que los chalecos distribuidos en el VRAE para proteger a los comandos del EP no estaban ensamblados adecuadamente, es decir, eran inservibles. Por ello, el ministro ha solicitado a la OCI y la Contraloría que investiguen el caso.

También ha pedido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adopte medidas urgentes para dotar a los mil chalecos de las láminas antibalas requeridas.