El proyecto de Código Electoral, presentado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al Congreso de la República el pasado 25 de abril, propone que los partidos que busquen su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) deben presentar un mínimo de 50 comités provinciales y, al menos, uno en cada departamento del país.

El cumplimiento de este requisito, indica la iniciativa legislativa, permitirá a las organizaciones políticas acreditar que cuentan con representación nacional y la exigencia será que dichos comités funcionen de manera permanente, lo que garantizará el ejercicio de la vida partidaria.

La ley vigente establece la existencia de 65 comités, mientras que la propuesta del JNE reduce esta cantidad a 50, pero incrementa la cantidad de afiliados por sede de 50 a 90, a fin de fortalecer la estructura partidaria.

Con respecto a la inscripción de movimientos regionales, se exige que los comités se ubiquen en la mitad más uno de las provincias del departamento al que corresponden, que su funcionamiento también sea constante y que estén integrados por un mínimo de 50 militantes.

Igualmente, el citado proyecto propone establecer un número fijo de firmas de adherentes para inscribir una organización política, a fin de que este no varíe en diferentes elecciones tal como ocurre actualmente.

Así, para el caso de partidos políticos la cifra requerida sería de 240 mil adherentes, establecida sobre la base del uno por ciento del padrón electoral de la última elección nacional (Referéndum Nacional). Para los movimientos regionales se aprobaría un listado con el número exigido por cada departamento.

Ambos planteamientos fueron tratados en la reunión sostenida entre los titulares del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El proyecto de Código Electoral del JNE, presentado al Legislativo para su debate y eventual aprobación, apunta a una reforma integral al unificar y sistematizar en un solo cuerpo normativo toda la legislación electoral, que actualmente se encuentra dispersa y desactualizada, y es, hasta cierto punto, contradictoria.