La Fuerza Aérea del Perú () derribará aeronaves civiles sospechosas de cometer delitos como narcotráfico si estas son declaradas hostiles al desatender en repetidas ocasiones instrucciones para aterrizar en aeródromos controlados por las fuerzas del orden, anunciaron las autoridades peruanas.

El ministro peruano de Defensa, , explicó el proceso de interceptación de las aeronaves según la ley 30339 de Control, Vigilancia y Defensa del espacio aéreo nacional, cuyo protocolo fue publicado el pasado 4 de enero.

El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que la decisión de derribar aeronaves hostiles compete al Comando Operacional de Defensa Aérea (CODA), que no dará la orden “en caso de que existan duda respecto a si se cumplen las condiciones para emplear la fuerza”.

Perú mantenía suspendidas las interceptaciones de aeronaves civiles en su espacio aéreo desde que en 2001 un caza peruano, en colaboración con la inteligencia estadounidense, derribara por una confusión una avioneta en la que iba la misionera estadounidense y su hija, quienes murieron en el incidente.

El comandante general de la FAP, Dante Arévalo, indicó que las aeronaves elegidas para acometer las interceptaciones serán los Super Tucano y los Cessna A-37, de los que ya dispone Perú.

Narro explicó que el procedimiento de interceptación consta de cinco fases, comenzando por la identificación visual de la aeronave para verificar con las jefaturas aeronáuticas si se trata de un vuelo legal con un plan de vuelo en regla.

En caso de que la aeronave no sea identificada adecuadamente, el segundo paso será la emisión de señales lumínicas y radiales para invitar al piloto sospechoso a aterrizar y así continuar la investigación.

Si la nave sospechosa sigue haciendo caso omiso a las indicaciones será declarada hostil y se le advertirá entonces de que puede ser neutralizada mediante nuevos avisos radiales y disparos disuasorios.

Las aeronaves susceptibles de ser interceptadas son aquellas en las que se perciba propósito de causar la muerte, lesiones graves a las personas, daños graves a los bienes o al medioambiente, narcotráfico o transporte ilícito de bombas, armas, municiones y explosivos.

Fuente: EFE

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