Miguel Castro Grández es un congresista de que fue elegido por la región Amazonas. Sin embargo, junto a su familia aparecen implicados en una irregular apropiación de un departamento que fue construido con recursos del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol).

De acuerdo a un informe del programa Panorama, el Fovipol había construido un complejo habitacional en Salamanca durante los años 90 para solucionar los problemas de vivienda de los miembros de la Policía Nacional y Luis Ayala fue uno de los favorecidos en el año 1996.

Ayala decide entregárselo al padre del congresista, llamado también Miguel Castro Grández, bajo la condición de que se haga cargo de los pagos mensuales del departamento. Ellos firmaron un contrato privado en el que se señala todas las obligaciones de ambas partes.

Sin embargo, el padre del parlamentario y su familia desconocieron la deuda y vivieron por 14 años sin pagar las cuotas mensuales. En esos años, Castro Grández tenía 23 años y no tenía por qué asumir los compromisos de su padre, pero ya cuando era profesional, fue él quien llevó la demanda para apropiarse del bien de Fovipol que ocupaban sus padres.

En el año 2012, la familia del congresista presenta una demanda por prescripción adquisitiva de dominio en contra del Fovipol, para quedarse como dueños del inmueble que Ayala años atrás le había cedido para que siga pagando las cuotas que faltaban. Quien figura como abogado de este irregular proceso es el parlamentario fujimorista.

Debido a las cuestionables acciones de la familia del congresista, el Fovipol se quedó sin el mencionado inmueble. Además, Luis Ayala quedó embaucado con una tremenda deuda de 50 mil dólares que le están cobrando y la familia Castro Grández se quedó con la propiedad de forma gratuita.

La familia policial iniciará las acciones legales para conseguir la nulidad de la sentencia que favorece a la familia del congresista.

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