Una comisión del Congreso peruano recomendó este jueves la destitución e inhabilitación por 10 años de un magistrado del y la suspensión de otros 3 de sus miembros señalados de cambiar el sentido de una sentencia para que una matanza de 1986 fuera declarada un crimen de lesa humanidad.

El congresista fujimorista César Segura, quien elaboró el informe final, aseguró que los magistrados vulneraron la Constitución al supuestamente cambiar el voto del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Juan Vergara sobre una matanza cometida en 1986 para que el caso fuera declarado de “lesa humanidad” y no prescribiera.

Por este caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó recomendar al pleno del Congreso que el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña sea destituido e inhabilitado y se suspenda a los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos.

La decisión fue tomada con 8 votos a favor del partido fujimorista Fuerza Popular y uno del Partido Aprista Peruano (PAP), y la oposición de dos legisladores del partido gobernante Peruanos Por el Kambio (PPK), uno de la centrista Alianza Para el Progreso y otro del izquierdista Frente Amplio.

En el caso de Espinosa-Saldaña se recomendó acusarlo por el delito de prevaricación* y se pidió que sea destituido y suspendido por una infracción constitucional.

Segura agregó que, en los otros casos, una eventual suspensión se hará efectiva durante el periodo de receso del TC.

Los magistrados fueron investigados por supuestamente cambiar el sentido de la sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, donde se procesa a miembros de la Armada peruana por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín.

Por ese motivo, un grupo de los procesados presentó una denuncia contra los magistrados ante el Congreso, al considerar que el caso ya era “cosa juzgada” y por darle una interpretación retroactiva al voto de Vergara, quien había pedido que el Poder Judicial determinara la figura del delito de lesa humanidad.

Durante la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los magistrados del TC denunciaron que el Congreso, dominado con mayoría absoluta por el fujimorismo, les impedía ejercer su labor con autonomía.

Tras conocerse la decisión de este jueves, Espinosa-Saldaña manifestó al Canal N de televisión su “preocupación por lo que significa para la institucionalidad del país”.

“El mensaje que se da es terrible… si un juez o fiscal dice algo que no le gusta a un sector puede ser acusado constitucionalmente y ser inhabilitado”, dijo.

El magistrado expresó, sin embargo, su confianza en que la acusación será rechazada por la comisión permanente del Congreso y, de esa manera, no llegará al debate en el pleno.

“Aquí lo que se está planteando es un funesto precedente con respecto a los derechos de todos nosotros”, enfatizó.

Fuente: EFE

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