Los congresistas de la bancada del exigieron las pruebas de lo confesado por a la fiscalía respecto a que el $1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en la Banca Privada de Andorra le pertenecía al ex mandatario Alan García.

“Lo primero que debemos señalar es que declaraciones de ese tipo tienen que ser corroboradas, contrastadas y estar acompañadas de pruebas puesto que el solo señalar a una persona que está muerta como la autora de un delito sería sumamente fácil para cualquier otro inculpado y sería un mecanismo realmente muy sencillo de liberarse de imputaciones de carácter penal”, manifestó Mauricio Mulder en conferencia de prensa.

En ese sentido, indicó que como agrupación confían en que el Ministerio Público realizará la corroboración de las pruebas que Miguel Atala pueda proporcionar dentro del proceso.

“Nosotros consideramos que en el momento en que esta circunstancia se dé, habrá ya una posibilidad de una opinión acreditada, establecida y certera. Mientras tanto, estamos simplemente ante los dichos de una persona”, precisó Mulder.

Además, indicó que de no existir una corroboración del testimonio de Atala Herrera, “quedaría como una suerte de declaración por desesperación” ante el pedido de prisión preventiva por 36 meses en su contra de parte de la fiscalía en el marco del caso Odebrecht. Cabe destacar que tras su declaración, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para él.

En la misma línea se pronunció el legislador Jorge del Castillo, quien aseguró que esta versión correspondería a la necesidad de “liberarse de responsabilidades”.

“Muerto Alan García, entonces personas que tenían una detención preliminar ante la inminencia de una prisión preventiva hasta por tres años, empiezan a dar versiones para liberarse de esa responsabilidad. De hecho, el señor Atala ya no va en prisión preventiva a un penal, va a una detención domiciliaria”, sostuvo.

Por su parte, el congresista Elías Rodríguez rechazó la existencia de una “fuerza de choque” al interior de la agrupación, tal como informó el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, en la audiencia de este martes en el que se evalúa el pedido de medidas de restricción para investigados en este caso.

“En nombre del Partido Aprista rechazamos de manera categórica y clara la existencia de una llamada ‘fuerza de choque’ […] No puede sostenerse este tipo de argumentos para determinar que [en] una prisión en un penal, la fuerza de choque de nuestro partido podría generar una acción en contra de la salud e integridad física de una persona. En el Partido Aprista Peruano no existen esas prácticas”, aseveró.