Poco antes de culminar la diligencia de incautación de su vivienda en Surco, el expresidente Ollanta Humala dijo esta noche que dejaba su casa y los recursos de sus hijos y esperaba que su familia sea reparada por este hecho, al que calificó como un abuso.

Pasada la media noche, continuaba en su vivienda el traslado de sus últimos enseres y la verificación del predio por parte del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que estará a cargo de la posesión y la custodia de la vivienda.

Humala, junto a su esposa Nadine Heredia, continuaban al interior de su vivienda, acompañada de sus abogados.

A esta hora de la madrugada no se conoce dónde pasará la noche el expresidente y su familia, sin embargo, es probable que se dirija a la casa de su padre, Isaac Humala.

Elementos de convicción

El fiscal Germán Juárez, a cargo de la diligencia, en tanto, indicó que solicitaron la medida cautelar al juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria el 11 de abril, luego de acopiar suficientes elementos de convicción.

Entre los elementos que sustentaron la medida, según la Fiscalía, destaca el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que da cuenta de 3 millones 092 mil 862 soles en facturas pagadas que no fueron declaradas por el Partido Nacionalista en el informe de rendición de cuentas, por gastos de publicidad y televisión y radio.

“Según la organización electoral, dicho partido solo logró identificar 741 mil soles en su rendición de cuentas, de un total de 3 millones 833 mil 888 soles”, precisa la Fiscalía.

Otro elemento importante, sostienen, es el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre irregulares ingresos obtenidos por Nadine Heredia Alarcón a través de supuestos contratos de consultoría y asesoría profesional.

Uno de los hechos que resalta la resolución del juez Carhuancho es que no existe ninguna otra medida menos gravosa que pueda suplantar a la incautación de los inmuebles, bienes y cuentas.

“No se trata de un embargo que tiene la finalidad de cautelar una posible reparación civil, se trata de una medida de incautación cuya finalidad es cautelar el posterior decomiso (pérdida definitiva del bien a favor del Estado) por tratarse de un efecto del delito”, precisan.

Indican que además que estas medidas son naturales en la etapa preparatoria de una investigación por lavado de activos, como ha sucedido en las investigaciones a otros sujetos procesales como Alejandro Toledo, Pedro Pérez Miranda, Gerald Oropeza, Rodolfo Orellana, entre otros.

Fuente: Andina