Según el decreto supremo N° 070-2012-PCM se estipula que el control de estas regiones recaerá en la Policía Nacional, luego de las violentas protestas en Celendín que dejaron tres fallecidos.

Asimismo, se suspenden las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales. Se restringen la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y el libre tránsito.

El decreto supremo fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés; el titular de Defensa, José Urquizo; del Interior, Wilver Calle; y de Justicia, Juan Jiménez.

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