Congreso aprueba informe que pide denunciar constitucionalmente a Martín Vizcarra

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue aprobado por el pleno del Congreso de la República, en cuyas recomendaciones se pide acusar por el escándalo del ‘Vacunagate’ por la inmunización irregular contra el coronavirus del expresidente Martín Vizcarra durante octubre de 2020.

El informe, que recibió 84 votos a favor, planteó acusar por el mismo motivo a las exministras del actual régimen Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

La comisión investigadora concluyó que existió una “estrategia de favorecimiento” por parte del Ministerio de Salud y funcionarios de la Cancillería hacia el laboratorio chino Sinopharm, que el año pasado hizo ensayos de su vacuna contra la COVID-19 en Perú y luego vendió un millón de dosis al país.

Antejuicio político

El informe recomendó denunciar a Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración en un procedimiento administrativo.

Además, le imputó una serie de infracciones a varios artículos de la Constitución peruana.

Por su parte, Mazzetti y Astete fueron acusadas de la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como de incumplir varios artículos de la Constitución.

También se propuso que se incluya al exministro de Relaciones Exteriores Mario López, quien ejerció el cargo durante los últimos meses del Gobierno de Vizcarra (2018-220), por la presunta comisión del delito de colusión.

Dada la inmunidad con que aún cuentan Vizcarra y los exministros, el informe pidió que sean denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y que se envíen sus conclusiones a la Fiscalía.

Inhabilitación por 10 años

Horas antes de la aprobación de este informe, la Comisión Permanente del Congreso también aprobó una acusación constitucional contra Vizcarra que plantea inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público durante diez años por haberse vacunado en secreto.

La acusación, que ahora deberá ser vista por el pleno del Congreso, también recomendó inhabilitar por ocho años a la exministra Mazzetti y por un año a la excanciller Astete.

En el llamado “Vacunagate” se inmunizó en secreto a, al menos, cien personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico de Sinopharm en el país, a cargo de la Universidad Cayetano Heredia.