Por los presuntos casos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, el expresidente será investigado por estos supuestos hechos por el equipo especial Lava Jato, así lo designó el fiscal Supremo Pablo Sánchez.

De esta se encargará el equipo especial encabezado por Rafael Vela, mientras que la investigación por supuestos delitos de corrupción seguirá en manos del fiscal Germán Juárez y no de la fiscalía anticorrupción.

“Mediante la normatividad aplicable se evidencia que cualquiera de los dos despachos podría tener la competencia. Sin embargo, debe priorizarse la ventaja operativa en una de las Fiscalías al conocer el inicio del hecho delictivo”, detalló Sánchez.

	Los casos investigados de presunta corrupción contra Martín Vizcarra datan cuando fue gobernador regional de Moquegua. (Foto: EFE)
Los casos investigados de presunta corrupción contra Martín Vizcarra datan cuando fue gobernador regional de Moquegua. (Foto: EFE)

Asimismo, expresó que se continuarán “con la obtención de información relevante proveniente de las personas sujetas a un proceso de colaboración eficaz”.

Y es que, de acuerdo a los aspirantes a colaboradores eficaces, Martín Vizcarra habría recibido 1 millón de soles en sobornos de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi por la licitación de la obra Lomas de Ilo y participación de UNOPS en la misma.

	Tras ser vacado, se convocaron marchas nacionales que produjeron la renuncia de Manuel Merino el pasado domingo 15 de noviembre. (Foto: EFE)
Tras ser vacado, se convocaron marchas nacionales que produjeron la renuncia de Manuel Merino el pasado domingo 15 de noviembre. (Foto: EFE)

Por otra parte, estos testimonios detallan que recibió 1.3 millones de soles de forma ilícita por la construcción del hospital de Moquegua de parte de la constructora ICCGSA en tiempos cuando fue gobernador de la región Moquegua (2011-2014).

Estos supuestos hechos contra el exmandatario (vacado por el Congreso de la República el pasado lunes 9 de noviembre) hizo que se emitiera la orden en su contra de 18 meses de impedimento de salida del Perú, la cual fue dictada por el Poder Judicial.