Dijo que “es absurdo” que a estas alturas esté cuestionándose la legalidad del proceso de consulta popular y que la Contraloría General de la República deberá intervenir para inspeccionar los términos de dicha contratación.

“Están buscando una forma de darle una salida que va a ser inevitablemente la salida después del 17 de marzo”, declaró a Canal N.

Señaló además que la alcaldesa Susana Villarán y sus regidores tendrán que devolver el dinero que es utilizado en este análisis, como indica la constitución y remarcó que el trabajo encargado al exparlamentario tiene más un corte personal.

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