La Corte Suprema del Poder Judicial se pronunció y rechazó el recurso de casación que presentó la lideresa de Fuerza Popular, , para impedir que la investigación en su contra por el Caso Cócteles y por los aportes de su campaña presidencial sean enmarcadas en la ley contra el crimen organizado.

Con esta decisión, el Poder Judicial determinó que la ex candidata presidencial sí podrá ser investigada por presuntamente pertenecer a una organización criminal, con lo cual se admite también el plazo de 36 meses para que el Ministerio Público realice la investigación preliminar.

“La decisión de esta sala es declarar infundada la casación interpuesta por la defensa del partido Fuerza Popular contra la resolución emitida por mayoría por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional que revocó la resolución que declaró fundada la resolución que admitía el control de plazos que presentaron (los abogados de la parte casatoria)”, señaló la jueza suprema Elvia Barrios, quien presidió la Sala Penal Permanente que revisó el recurso presentado por Keiko Fujimori.

En ese caso, se establece que el plazo para investigar a la ex candidata presidencial y a su partido político se vencerá el 19 de octubre del 2018, fecha en la cual el Ministerio Público deberá formalizar investigación preparatoria o archivar lo actuado.

Entre los motivos que consideraron los magistrados supremos para tomar esta decisión, está la complejidad del caso que el Ministerio Público ha encontrado en el proceso de investigación que empezó en el 2015 por presunto lavado de activos en contra de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular.

Asimismo, consideraron que los pedidos de ampliación de plazos que presentó el Ministerio Público que se hicieron fuera de las fechas límite deben ser objeto de medidas disciplinarias contra el fiscal a cargo, proceso que no invalida la decisión.

Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito y el partido Fuerza Popular habían presentado el recurso de casación luego que se revocara la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria exigía al fiscal José Domingo Pérez que concluya la indagación preliminar en enero de este año. Esto, ante una medida de control de plazos que la ex candidata presidencial había presentado para impedir que siga siendo investigada por presunto lavado de activos.