Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, investigado por lavado de activos por la Fiscalía

El esposo de excandidata presidencial Keiko Fujimori, Mark Vito, se encuentra en medio de la apertura de una nueva investigación en su contra por parte de la Fiscalía, por el delito de lavado de activos para el partido Fuerza Popular en campañas electorales pasado (2011 y 2016).

El Ministerio Público informó este martes en sus redes sociales que el equipo especial del caso Lava Jato dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 36 meses en contra de Villanella por las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, entre agosto de 2018 y julio del presente año.

Según avanzó el diario El Comercio, esta nueva investigación deriva del proceso penal que tanto Vito como su esposa Keiko Fujimori afrontan por la presunta financiación irregular de Fuerza Popular en las anteriores campañas electorales.

En concreto, la tesis fiscal sustenta que la empresa a cargo del empresario habría sido instrumentalizada por la presunta red criminal que lideraría Fujimori para la continuación del lavado de activos mediante operaciones comerciales.

Como primera diligencia, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, solicitó recabar la pericia contable de los ingresos, egresos y gastos financieros de MVV Bienes Raíces en el periodo que se hicieron dichas contrataciones.

El caso “cócteles”

Esta es la segunda investigación por el mismo delito contra Vito, quien afronta un pedido fiscal de 22 años y 8 meses de cárcel por el caso conocido como “cócteles”, que también incluye a Fujimori y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al mismo partido Fuerza Popular por presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016.

Para este caso, el fiscal Pérez solicitó más de 30 años y 10 meses de cárcel para la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en una acusación pendiente de revisión por la Justicia, que en las próximas semanas debe decidir si abre un juicio contra ella, algo que habría eludido si ganaba las últimas elecciones presidenciales, al menos durante el tiempo que hubiese sido jefa de Estado.

La acusación fiscal, que incluye más de 15.000 páginas, se formuló por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.