El juez peruano Víctor Zúñiga anunció este martes que el próximo 23 de enero espera emitir una resolución sobre el pedido de que la líder opositora cumpla 36 meses de prisión preventiva mientras es investigada por un presunto lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016.

El juez, que realiza audiencias sobre esta solicitud desde hace tres semanas, adelantó la fecha para emitir su resolución luego de indicarle a la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, que la última sesión de alegatos de la Fiscalía y la defensa se celebrará el sábado 18 de enero.

Durante la audiencia de este martes, el fiscal José Domingo Pérez terminó de sustentar los argumentos de peligro procesal y las evidencias para sustentar la prisión preventiva, mientras que Loza replicó las acusaciones y reiteró de deben ser rechazadas.

Condena y peligro de fuga

El fiscal Pérez, integrante del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, estimó que Fujimori puede ser condenada a casi 19 años de cárcel por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción a la justicia.

Remarcó que esta “pena grave” justifica su pedido de prisión preventiva ante la posibilidad de “riesgo de fuga” de la líder del partido Fuerza Popular.

El fiscal agregó que Fujimori no cuenta con arraigo familiar en el país, al no tener propiedades a su nombre, y dijo que incluso ya pasó 13 meses en prisión preventiva, hasta el pasado 30 de noviembre, sin revelar que grandes empresarios habían dado millonarios aportes económicos no declarados a su campaña electoral.

“El Estado no puede garantizar que Keiko Fujimori no se fugará”, remarcó antes de decir que “no se puede determinar que tenga vinculación o arraigo familiar”.

La defensa rechaza acusaciones

La abogada Loza respondió que la Fiscalía no ha presentado ningún “elemento sólido” para sustentar su solicitud y dijo que en una sociedad democrática y plural “no es justificable” la medida de prisión preventiva.

Tras asegurar que no hay peligro de fuga ni de obstrucción de las investigaciones, la abogada pidió que la Fiscalía evite basarse en “presunciones, conjeturas, especulaciones y deducciones” y dijo que Fujimori recibe un “trato discriminatorio” por ser líder de un partido político.

Indicó, al respecto, que Fuerza Popular “no solo se sustenta con fondos de origen privado” y que Fujimori es “presidenta de su partido”, aunque “no tiene actividad política” de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de enero.

“La actividad (de Fujimori) es pública. Está con su esposo, sus hijas, visita a sus padres. Ella no se va a escapar”, sostuvo.

Etapa final del proceso

Las audiencias del pedido de prisión preventiva entraron en su etapa final después de que la semana pasada el Poder Judicial declaró infundada una recusación presentada por Loza contra el juez Zúñiga por una presunta falta de imparcialidad.

Tanto el fiscal Pérez como el jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, han señalado que esta investigación está en su etapa final y la acusación formal para el inicio de un juicio oral puede ser presentada en febrero próximo.

En ese contexto, Pérez basa su nuevo pedido de prisión preventiva en la gravedad de las imputaciones, ya que acusa a Keiko de la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, organización criminal, contra la administración de justicia (falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal) y contra la fe pública (falsedad genérica). EFE