El personal docente y administrativo del sector Educación implicado en delitos de terrorismo y violación de la libertad sexual no sólo será destituido de su cargo, sino inhabilitado definitivamente tanto para ejercer la docencia como para prestar servicios administrativos en dicho sector.

El proyecto plantea la necesidad de incorporar y modificar artículos del Código Penal y de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Respecto a las acciones tomadas, la ministra aseguró que a solicitud de su despacho, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema alcanzó a la Procuraduría del Ministerio de Educación la base de datos de sentenciados por delito de terrorismo desde el año 2003 al 2011.

Indicó que la información alcanzada fue utilizada por la Unidad de Personal del Ministerio de Educación, la que cruzó información con el Sistema Único de Planillas. Esto permitió detectar que se encuentran en condición de activos 12 personas.

Asimismo, señaló que el mismo cruce de información se realizó con la lista que el congresista Octavio Salazar le entregó con nombres de posibles sentenciados por delito de terrorismo que incluye los años anteriores al 2003. En este caso se detectó que se encuentran en condición de activos 138 personas en 21 regiones del país.

Por ello, la titular de Educación aseveró que su despacho ha remitido oficios a los presidentes regionales con información sobre estas personas y solicitándoles que, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades funcionales, adopten las medidas legales administrativas que correspondan.

Fuente: Agencia Andina

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