Hay casi mil funcionarios sancionados que no pueden trabajar para el Estado

La Contraloría General de la República informó que, hasta el 31 de julio del 2018, se registró un total de 967 funcionarios públicos que habían recibido como sanción una suspensión o inhabilitación temporal para que puedan trabajar para el Estado por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves.

Según los datos que reveló el ente contralor, la lista de departamentos con el mayor número de funcionarios y servidores sancionados es encabezada por Lima con 171 casos debido a que concentra el mayor número de entidades públicas.

En el listado le siguen los departamentos de Cajamarca (90), Lambayeque (76), Tumbes (63), Arequipa (57) y Ayacucho (52).

De otro lado, la Contraloría reveló que las entidades con el mayor número de sancionados fueron el Gobierno Regional de Tumbes con 28 casos, el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría en Tumbes con 25, el Gobierno Regional de Pasco con 21 y la Municipalidad Provincial de Chiclayo con 20.

Las infracciones administrativas pueden generar sanciones que pueden ser suspensiones temporales para trabajar con el Estado por un plazo de 30 hasta 360 días o inhabilitaciones para ejercer la función pública hasta por cinco años.

La Contraloría aseguró que ha notificado a los titulares de todas las entidades públicas del país para que puedan ejecutar las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores contra funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.

Asimismo, detalló que el número de sanciones vigentes inscritas a los 967 funcionarios son, en total, 1.032, ya que 49 de estos trabajadores públicos cuentan con dos o más sanciones administrativas.

Todas estas sanciones de suspensión e inhabilitación se encuentran inscritas en el registro de sancionados de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal de la Contraloría como parte de la política de transparencia de esta entidad.