Ni la vida ni la integridad física del exgobernador regional Gregorio Santos corren peligro en la prisión donde se encuentra, por lo tanto “no hay razones jurídicas para implementar” la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén.

La decisión de no acatar la recomendación de CIDH, que acoge en parte una medida cautelar a favor de Santos, responde también a que esta corte “no tiene facultades para dictar medidas cautelares”, indicó el ministro.

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“No encontramos ninguna razón fáctica para tener que implementar esta recomendación, toda vez que no hay peligro para la integridad física o la vida de Santos”, añadió.

Adrianzén indicó que la CIDH puede dar recomendaciones y el Estado peruano puede acatarlas o no, y, en este caso, la respuesta es no acatarla.

Explicó que el pedido planteado por familiares de Santos fue atacado solo en parte, dado que solicitaban se le devuelva las credenciales que lo reconocen como autoridad regional y que cumplan su prisión preventiva en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca.

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